Un Ministerio Público sin anclas con el poder
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En el programa de gobierno que ofertó el presidente Luis Abinader estaba escrito un ministerio público independiente, planteado con la promesa de impregnar una verdadera autonomía a las actuaciones del órgano responsable de la investigación y persecución de los delitos penales.
En la campaña electoral del 2020, el entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ofreció que, de ganar los comicios, designaría al frente de la Procuraduría General de la República, cabeza del ministerio público, a personas sin vinculación política partidista, para marcar una línea divisoria entre las acciones del Poder Ejecutivo, que en ese momento él aspiraba a dirigir, y las del ministerio público.
La tarde del 16 de agosto del 2020, a pocas horas de ponerse la banda presidencial, Abinader estaba juramentando a la expresidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito, como procuradora general de la República, y como procuradora adjunta a la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
“Quiero decirles especialmente a ustedes dos que a partir de hoy solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes, tienen total independencia de acción para sus funciones”, fue el mensaje que les dirigió el mandatario al momento de juramentarlas.
Germán Brito había concluido una carrera en la judicatura de más de 40 años, y Reynoso se desempeñaba como procuradora adjunta de la corte de apelación penal del Distrito Nacional, a donde fue ascendida luego de dirigir la fiscalía de esta misma demarcación. La capacidad y el trabajo desempeñado por ambas damas en sus respectivas áreas fueron reconocidos por la sociedad, que incluso, ha valorado su designación de forma positiva.
En abril de 2020, en una entrevista concedida a Listín Diario, ocho meses después de asumir el cargo, Germán Brito asintió que se consideraba una procuradora independiente, y negó que el presidente Abinader haya interferido en sus actuaciones.
En esa oportunidad aclaró que aunque fue el pre¬sidente Abinader quien la designó, no había recibido la primera insinua¬ción de él respecto a deter¬minado caso bajo investiga¬ción, o en litigación.
“No me puedo involucrar en los temas del Ministerio Público”, acotó en noviembre del 2020.
Luego, el 11 de febrero de 2021 afirmó que hay una justicia independiente y que por ello desconoce las actuaciones del ministerio público.
Para dotar el ministerio público de una independencia plena se requiere una reforma constitucional.
Aunque para ser procurador o adjunto se exigen las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la constitución establece que deben ser nombrados por el presidente de la Republica tanto el procurador general como siete de sus adjuntos.
Diferente a los jueces de la SCJ, que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), conformado por representantes de los tres poderes del Estado.
El ministerio público está definido en la constitución como el órgano del sistema de justicia responsable de implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
La constitución le confiere autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
Por primera vez se ventilan tantos expedientes de corrupción al mismo tiempo.
Incluso, hay que recordar que esa carga de expedientes provocó errores materiales en la instancia de medida de coerción a los implicados en la operación Medusa, en la que se repitieron páginas de la Operación 13, sobre fraude en la Lotería Nacional.
Esto fue visto por la defensa de los imputados como una debilidad, aunque esto no influyó en la decisión, ya que finalmente la jueza Kenya Romero impuso medida de coerción. Fue atribuido a un error material en el escaneo de las páginas.
En la lista de los primeros interrogados estuvieron la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
Luego continuaron requiriendo la presencia de funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, entre ellos el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, y la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba.
También fueron interrogados el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el exasistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz, miembros de la pasada gestión de la Cámara de Cuentas, entre ellos su entonces presidente Hugo Álvarez Pérez, y otros que posteriormente fueron sometidos a la justicia y se encuentran con medidas de coerción.
La madrugada del 29 de noviembre del 2020 se produjeron los primeros arrestos de acusados de presuntos actos de corrupción y otros ilícitos, en lo que constituyó la primera gran operación, bautizada como “antipulpo”.
Fueron sometidos a la justicia parientes y exfuncionarios del expresidente Danilo Medina. La cabeza de esa red de corrupción, según el ministerio público, es el hermano del exmandatario Alexis Medina, a quien le atribuye dirigir un entramado societario que se benefició con pagos de miles de millones de pesos durante ocho años, aprovechándose de su condición de hermano del expresidente.
Están acusados de ser parte de ese entramado el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el ex presidente del Fonper, Fernando Rosa; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Tres meses después, se produjo la segunda operación, que fue llamada Caracol, con un allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas, el 21 de febrero del 2021, como parte de las investigaciones que inició contra pasados miembros y funcionarios de ese órgano, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y obstrucción de la justicia.
Este caso se ha quedado en allanamiento e interrogatorios. Ya los investigados no son funcionarios y se desconoce si el ministerio público emprenderá otras acciones contra ellos.
La siguiente operación denominada Coral fue puesta en marcha el 24 de abril, e implicó el arresto de seis personas, la mayoría militares y policías. Se sindica como jefe de ese entramado al encargado de la seguridad del exmandatario, Adam Cáceres Silvestre, a quien ya se le impuso coerción al igual que a los demás involucrados.
Además de Cáceres Silvestre, fueron sometidos la pastora Rossy Guzmán, el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora), el sargento Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Más tarde, el 12 de junio, se produjo la “Operación 13”, que consistió en el arresto del entonces director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas implicadas en un fraude con el premio mayor del sorteo realizado por esa institución el primero de mayo del presente año, que dejó pérdidas por 150 millones de pesos a las bancas de apuestas.
La operación Medusa ha sido la última, con el arresto el 29 de junio de varias personas, incluyendo al exprocurador Jean Alain Rodríguez. Fueron acusados de integrar un entramado fraudulento que estafó al Estado dominicano por más de 6,000 millones de pesos a través del plan de humanización del sistema penitenciario que se ejecutó en la gestión de Alain Rodríguez, principalmente por irregularidades en la construcción del centro de corrección Las Parras, en Guerra, levantado para trasladar a los privados de libertad en la cárcel La Victoria.
La operación incluyó el arresto del empresario Miguel José de Moya, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Rafael Antonio Mercedes Marte.
A todos los implicados en esos casos se les impuso medida de coerción, a la mayoría prisión preventiva en el centro de Najayo. Otros tienen prisión domiciliaria, con grillete electrónico, y algunos se les colocó garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Lograr que finalmente esas operaciones concluyan con una condena constituye el principal reto para el ministerio público independiente, presentando a los jueces las pruebas “contundentes” que ha dicho tener.
Procuradora se inhibe
A la par con los casos de corrupción, el ministerio público concentra sus esfuerzos en lograr una condena a los acusados de soborno y otros delitos en el expediente Odebrecht, que está en fase de juicio de fondo.
Se trata del sometimiento por los sobornos que por 92 millones de dólares admitió pagar la constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana para conseguir contratos de obras públicas, hecho por el que están siendo procesadas judicialmente seis personas, entre ellas el empresario Angel Rondón, a quien se le atribuye dar los sobornos.
Este caso fue sometido en la pasada gestión del ministerio público, encabezada por Jean Alain Rodríguez.
La procuradora Mirian Germán se inhibió de participar en ese expediente, debido a que intervino en el conocimiento de una fase del proceso cuando se desempeñaba como presidenta de la Cámara de Penal de la (SCJ, en cuya oportunidad incluso cuestionó la solidez del expediente preparado por el ministerio público.
Altas cortes
En su empeño por garantizar la independencia, Abinader promovió e impulsó la designación en los órganos constitucionales y altas cortes de personas sin vinculación político-partidista, tanto en los que le corresponde nombrar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que él preside, como al Congreso Nacional.
En este año, fueron escogidos los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), quedando integrado mayoritariamente por jueces del poder judicial, y teniendo como presidente a Ygnacio Pascual Camacho, quien presidía la Tercera Sala Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El CNM también seleccionó a cuatro jueces del Tribunal Constitucional, que eran jueces de carrera.
El Senado eligió a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), poniendo al frente al expresidente del TSE, Román Jáquez Liranzo. Fue escogido el abogado Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo, e integrada una nueva Cámara de Cuentas, por parte del Senado, que puso en la cabeza al contador Janel Andrés Ramírez Sánchez.
En todos esos órganos, el presidente Abinader quiso enviar una señal de que se debía escoger a personas independientes de la política partidista, que ha sido su norte desde antes de llegar al poder, dejando de lado en algunos casos personas con capacidad y experiencia, solo por el hecho de tener militancia política, incluso en su mismo partido.
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