El caso Falcón embarra Congreso
El escándalo desatado por el caso de la Operación Falcón traspasará la jurisdicción ordinaria cuando el Ministerio Público solicite hoy, lunes, a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez instructor especial para que investigue los nexos de legisladores con el caso de narcotráfico y lavado de activos que ha estremecido a la sociedad dominicana.
La solicitud de la designación de un juez de instrucción especial será solicitada por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, para el control de las investigaciones de los legisladores, entre los que figuran los diputados Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos Gil.
Berenice Reynoso informó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los congresistas, y esto no impida que sean judicializados, y tan pronto ocurra se dará a conocer a la sociedad el nombres de los legisladores involucrados.
El nombre de Marmolejos Gil está incluido en el expediente de la Operación Falcón sobre narcotráfico y lavado de activos, después que el Ministerio Público afirmara que éste obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.
El nombre del diputado Darío Feliz es por haber transportado a una de las personas que serán extraditadas a Estados Unidos, vinculados a la Operación Falcón, y que tenía la presunta intención “de sustraer al extraditable de la investigación”, según el los fiscales del caso.
Con este, ya suman dos los jueces de la Suprema Corte de Justicia que deberán tener el control de las investigaciones en contra de legisladores, por lavado de activos, productos del narcotráfico. El primero fue el de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, por su vinculación a una presunta red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
Berenice Reynoso sostuvo que tienen un expediente sólido y blindado, con miles de páginas con la que obtendrán medida de coerción en contra de los encartados.
Aseguró que hay pruebas suficientes que demuestran la implicación de los imputados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
“En este proceso, y han sido los lineamientos que sigue el Ministerio Público, bajo la instrucción de la magistrada Miriam Germán, todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó la procuradora adjunta.
Entre República Dominicana y Puerto Rico le fueorn decomisados aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad bajo el que desempeñaban sus operaciones delictivas.
Entiende que el caso muestra las graves falencias del ordenamiento jurídico e institucional nacional e indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.
“Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido y que se quedan cortas las enjundiosas fórmulas de los organismos internacionales para calcular el daño que estos fenómenos producen en nuestra economía y estructura social”, acotó el jurista.
A su juicio, la operación es “una muestra más de que el Estado, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda, que debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias...”
Tamboern, el PRM apoyó “las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Luis Abinader, para la consolidación de un Ministerio Público independiente”.
“Por décadas”, agrega, “nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del PRM ha sido romper con ese sistema”.
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