Así funcionaba el supuesto esquema de corrupción dentro del CUSEP y Cestur
“Una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)”.
Así rezaba una de las múltiples acusaciones del Ministerio Público en contra de los imputados del presunto entramado de corrupción militar, establecidas en la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Coral 5G.
En este documento también se detalló cómo funcionaba esta supuesta distracción de fondos, un esquema tipo pirámide, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones que no sean ni del Cestur ni del CUSEP.
Esta tarea, según los fiscales, estaba a cargo de José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erinson Brens Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, quienes posteriormente presentaban a los candidatos a Raúl Alejandro Girón Jiménez, cuya labor consistía en depurarlos, junto a Rafael Núñez de Aza.
Luego, ambos solicitaban la incorporación de los seleccionados al CUSEP y al Cestur, que eran aprobados por Adán Benoni Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
En el caso de Torres Robiou, este aprobaba nombramiento de militaros colocados en el sistema de recursos humanos por el director de ese departamento, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, por Núñez de Aza y por Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En tanto, Cáceres Silvestre no aprobaba las designaciones a través de recursos humanos, sino que eran integrados directamente a la nómina del CUSEP.
Una vez dentro del sistemas, los agentes devengaban salarios que oscilaban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.
Cual sea la situación, el siguiente paso era devolver el dinero a las “cabezas recolectoras”, identificados por el Ministerio Público como Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Brens Rosario y Tejada Hilario.
Dicho grupo tenía la obligación de entregar lo recolectado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien a su vez presentaba el dinero en efectivo a Núñez de Aza, no antes sin cobrar una comisión, de acuerdo con el documento.
Igualmente Núñez de Aza se encargaba repartir la recolección de salarios entre Torres Robiou, Cáceres Silvestre, Guzmán Alcántara, Julio Camilo De los Santos Viola, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana.
La recolección
El Ministerio Público aseguró que cada cabeza recolectora tenía una lista individual de los agentes que debían devolver parte de su sueldo y, en la de solicitud de medida de coerción.
En todos los casos los agentes devolvían RD$27,000 de los RD$30,000 que cobraban, un negocio bastante lucrativo según los fiscales, ya que aseveraron que solo en el Cestur se recolectaban RD$6 millones mensuales.
Como constancia, en el referido documento colocaron una muestra de los listados, e indicaron que en el de Erinson Brens Rosario, figuran Tomas Yuveidys Rocha Mancebo (FARD), Santiago Damian Nicolas (FARD), Toribio Made Amador (ERD), Leonardo Antonio Figuereo (ARD), Moreno Martínez Santos (FARD), Thomas Misael Camacho Moronta(FARD), Santo Abigael Cuevas Peña (ERD), Clari Luz Domínguez Montero (FARD).
También Yonathan Alberto Ozuna Sugilio (ARD), Madelyn Virginia Mejía Guzmán (PN), Ray Carlos Reyes Altagracia (ERD), Carlos Andrés Sena Ramírez (ARD), Jeyson Peñalo Guzmán (ARD), Soneidy Rodríguez Soto (ARD), Rolanlly Altagracia Rodríguez (FARD), Leandro Recio Rodríguez (ERD), Zacarias Bonnat Michel (FARD), Dahiana Avelino Dishmey (ARD), Juan Vargas Samboy (ERD) y Orquídea Sena Ramírez (ARD).
Mientras que a Vicente Girón Jiménez le pagaban Noelia Alexandra González Méndez, Héctor Ivan Castillo Frías, Dilson Antonio De La Cruz Hidalgo, Joselaina Duran Valoy, Anyelo Félix Liriano, Christopher Tavares Silverio, Criptofel Alexander Beltre Batista, Orfelina Altagracia Molina Abreu, Ramon Emilio De Soto Ovando, Kirsis Adelaida Ferreras Fabian.
Igualmente Francis Vitel González Méndez, Grey Elizabeth Méndez Carmona, Kelvin Anibal Peña Brito, José Antonio Sena Vargas, Juan Pablo Silverio Pérez, Edy José Tavares Mercado, Jochimin Vantroy Valenzuela Peña, Ramon Alberto Vásquez Burgos, Dawelky García Herrera, Michael Lara Castillo e Ivelisse Núñez Mercedes.
En la lista de José Ramón Santos Jiménez estaban, de acuerdo con los fiscales, Sara Contreras Rodríguez, Yomahira Elizabeth Feliz Pérez, Elizabeth Germosén Reyes, Melvin Betances Abreu, Basilia De La Cruz De La Cruz, Luisa Alt. Gómez Cornielle, Dariela Matos Santana, Manoldys Pérez Pérez, Yuldamia Méndez Ruiz, Felix Antonio Acevedo Sánchez, Nicolas Lebron Novas.
Eudy Basilio Infante Rodríguez, Yosaira Guridy Fabian, Luis Manuel Otaño Otaño, Oniel Álvarez Beltrán, Wascar Pérez Olivero, Henry Confesor Diaz Reyes, Cesarina E. Monegro Aquino, Danively Matos Matos, Cristopher García Mejía, Altagracia Rodríguez Diaz, Yuleisys Modesta Mateo Parra, Johan M. Camacho Graciano, Esmeldy Bello Núñez, Andy R. Rodríguez Acevedo.
Yeison García Taveras, Héctor L. De Los Santos, Javier Polanco De Los Santos, Luis M. Cuello Adames, Wilmy Jean Mundaray Medina, Cruz Báez García, Manuel Sánchez Ramírez, Jeffry Mordan Rosario, Andelson Alcántara Sosa, Angenis Pilar Matos, Cindy Camacho Paulino, Eliani Gómez Muñoz.
Coerción
Por el caso el Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente de 18 meses para los implicados, y que se declare como complejo.
Los imputados son Torres Robiou, de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
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