Bucanyé y la posición de los ambientalistas

 

El 13 de abril el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, en una entrevista en vivo por televisión, se refirió al proyecto Bucanyé afirmando: «Eso es un área protegida y no se puede tocar», haciendo referencia a un video publicado en redes sociales por la ONG Grupo Jaragua, denunciando al Proyecto Bucanyé por haber iniciado los trabajos en el área protegida si contar con el debido permiso ambiental, construyendo una verja perimetral sin la debida autorización.

Sin embargo, Oceanus Investment, la empresa promotora y desarrolladora del proyecto turístico, aclaró que no habían iniciado la construcción ya que estaban en espera que el Ministerio de Medio Ambiente hiciera una inspección para obtener los términos de referencia y poder hacer un estudio de impacto para el proyecto. El Ministerio paralizó la construcción de la verja.

A partir de este momento, han sido decenas de posiciones y declaraciones, por diferentes medios, a favor y en contra del proyecto. Por un lado, la Coalición para la Defensa de las Áreas protegidas exige se aclare cómo se obtuvieron títulos de propiedad en unos terrenos en área protegida propiedad del Estado y en litis; y por otro lado diferentes sectores políticos y sociales que exigen que el proyecto Bucanyé se realice, han señalado al movimiento ambiental de ser «enemigos del desarrollo» de esta deprimida provincia, acusándolos de «terroristas ambientales» y de que Bucanyé no está en un parque nacional, como expresó en el Senado, Dionis Sánchez, senador por Pedernales.

La posición del movimiento ambiental

Diario Libre conversó con Yolanda León, de Grupo Jaragua, y Nelson Bautista, de Acción Verde; ambos miembros de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, sobre la posición del movimiento ambiental en esta oleada de acusaciones.

Los ambientalistas explicaron que mucho de lo que se habla sobre la posición de la Coalición sobre Bucanyé y Pedernales en general está fuera de la realidad.

La Dra. Yolanda León explicó que a los grupos ambientalistas que conforman la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas se les ha imputado falsamente una serie de argumentos en torno al Caso de Bucán Yé (Paisaje Protegido Cabo Rojo -Pedernales), por lo que cree pertinente ofrecer algunas precisiones sobre lo que han dicho y lo que opinan.

«En primer lugar, sí estamos de acuerdo con el desarrollo turístico de Bucán Ye. La categoría de manejo de Bucán Yé es perfecta para un turismo que beneficie ampliamente a la provincia. La misma corresponde a Paisaje Protegido, subcategoría Área de Recreo (categoría VI de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) la cual permite la zonificación para el turismo y la recreación.

Adecuar la franja costera como playa pública asegurando el acceso público aportando lugares de acceso y estacionamiento para que todos los visitantes de dentro y fuera de Pedernales puedan disfrutar de ella, nos parece genial. Además, entendemos que esto complementaría muy bien los planes de ordenamiento municipal que incluyen el frente marino del pueblo de Pedernales», dijo la ambientalista.

Por su parte Nelson Bautista dijo a Diario Libre que el «bajadero más cómodo» que han hallado algunos funcionarios, legisladores, inversionistas y otros actores con interés en «el gran pastel» que representan los proyectos de Pedernales, ha sido señalar a los ambientalistas como «terroristas o enemigos del desarrollo».

«No es cierto que estamos procurando que se eleve a ‘parque nacional’ el polígono donde se encuentra Bucanyé: ya eso está protegido como debe ser. Lo que no se puede permitir es que en medio de todo el entusiasmo y el alboroto por chorro de dinero que está fluyendo con todas estas inversiones, sin importar de quien se trate, se trate de justificar que se viole la constitución y las leyes que amparan las áreas protegidas, ni tampoco que se le sustraiga al Estado dominicano la propiedad de extensos territorios. Cualquier aprovechamiento apropiado de esa zona, debe ser manejado directamente por el Estado en beneficio de la colectividad», concluyó Bautista.

«Lo que no nos parece bien en el caso de Bucán Ye, es que un inversionista se apropie de un área protegida. Esto debido a tres razones: 1) es ilegal, de acuerdo a nuestras leyes, incluyendo nuestra Constitución (sin importar la categoría de manejo, como se ha aducido-), 2) constituyen un robo, en vista del precio pagado por el inversionista y 3) es injusto, ya que por su condición de área protegida, esos terrenos nos pertenecen a todos los dominicanos, son un patrimonio nacional», concluyó León.

Sobre la parcela 40

La propiedad de esta parcela y sus divisiones ha sufrido innumerables transacciones y algunos litigios a lo largo de décadas.

Sin embargo, uno de los casos más sonados donde se menciona la parcela es el de Bahía de las Águilas (Parcela 215-A), cuando decenas de personas intentaron adueñarse de terrenos de manera fraudulenta.

En el caso fueron inicialmente incluidas las parcelas 215-A y sus subdivisiones; la parcela 215-B y subdivisiones y la parcela 40 y sus subdivisiones. Sin embargo, del litigio fueron excluidas las parcelas 40 y 215-B, aunque quedó demostrado en el proceso que el Estado es titular desde antes del año 1953, del derecho de propiedad sobre la parcela 215; terrenos sobre los cuales además siempre mantuvo en posesión; igual que sobre la parcela 40 del mismo distrito catastral y municipio.

En agosto de 2019, durante el gobierno del entonces presidente Danilo Medina, los miembros del Comité Fiduciario de Pedernales conocieron el plan maestro para el desarrollo de esa zona como polo turístico, elaborado por la empresa canadiense Lemay, que tenía a su cargo la conceptualización del proyecto.

El entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien presidía el Comité Fiduciario de Pedernales, explicó que apostaban por un modelo de turismo ecológico y de circuitos, a fin de atraer a un perfil de turista activo, aventurero y de alto estándar, con un mayor gasto por día y mayor vinculación con la comunidad, el proyecto no sería ejecutado por ese gobierno.

Al mismo tiempo la empresa Oceanus Investment, preparaba el plan maestro para su proyecto privado Bucanyé, habiendo adquirido las tierras en la parcela 40 a particulares desde el 2009, en el área protegida categoría VI, Playa Cabo Rojo-Pedernales, también conocida como Bucán Ye.

Según la abogada del Estado, Laura Acosta, y quién representó al mismo en el caso Bahía de las Águilas, la parcela 40 fue formalmente excluida del caso en 2014, pero a su vez aclara que la litis sigue abierta, en otra instancia. Explica que los títulos de propiedad a los que Oceanus Investment les adquirió los terrenos son también de origen fraudulento, como en el caso de Bahía de las Águilas, y deben correr la misma suerte, la anulación de todo título de propiedad y que las tierras pasen a nombre del Estado dominicano.

Entre 2022 y 2023 Oceanus Investment, logró obtener cerca de 15 títulos de propiedad dentro de la parcela 40 correspondiente a Área Nacional de Recreo Playa Cabo Rojo – Pedernales, cerca de 14 millones de metros cuadrados para el desarrollo del proyecto Bucanyé en sociedad con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, según un acuerdo firmado entre ambas partes el 28 de octubre de 2021.

Pedernales, según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, cuenta con una población de 31,587 habitantes. La situación económica de esta provincia es crítica, con un 74.6 % de hogares pobres y un 44.6 % en situación de pobreza extrema. En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Pedernales ocupa el lugar número 31, lo que la sitúa como la penúltima provincia en esta medición. Además, cerca de un 60 % del territorio de Pedernales es área protegida.

Fuente: https://www.diariolibre.